El hormigón pirata, un socavón en la sostenibilidad del sector

Una de cada cuatro plantas de fabricación de este material que hay en España no cuenta con el preceptivo certificado de control de producción

España cuenta con 1.550 plantas activas de fabricación de hormigón, material básico para cualquier obra de edificación y de infraestructuras públicas

Roberto Pérez Actualizado:15/11/2021 02:09h

El hormigón es un material crítico en cualquier obra de edificación o infraestructura pública. De ahí que el control de su calidad resulte esencial. Y de ahí, también, que en 2019 se lanzara un real decreto, el 163/2019, que vino a reforzar los requisitos a cumplir por los fabricantes: impuso la obligatoriedad de contar con un certificado de control de la producción. Pero, más de dos años después, casi 400 plantas de hormigón que operan en España no cumplen con ese requisito esencial, están al margen de la ley y, por tanto, el hormigón que suministran es pirata. No está acreditado. No cumple ese requisito esencial que garantiza que el hormigón cumpla todos los parámetros exigidos por la normativa y es sometido a un procedimiento estandarizado de control, auditado por acreditadores externos.

El problema no es menor, ni por el número de empresas que operan sin ese certificado preceptivo ni por la cantidad de hormigón que suministran. Según la Asociación Nacional de Fabricantes de Hormigón Preparado (Anefhop), en España hay activas actualmente 1.550 plantas de hormigón, de las que 370 no cuentan con ese certificado, sin el que no deberían estar funcionando. Aunque es difícil determinar con exactitud cuánto suponen esas plantas en volumen de hormigón, podría llegar a ser entre el 15% y el 20% del que se consume en nuestro país. Es una parte minoritaria, pero significativa. Y, sobre todo, tiene un perjudicial impacto en el resto de empresas fabricantes que sí cumplen con la normativa y que ven cómo la competencia desleal azota sus ventas, porque venden más barato.

Eso erosiona la cuenta de resultados de los que sí cumplen con la legalidad, y socava los márgenes para afrontar inversiones en innovación o sostenibilidad medioambiental. Con ingresos mermados por el hormigón pirata, la capacidad de invertir en innovación se reduce, advierten desde la patronal del sector.

Los controles dependen de las autonomías

El real decreto que impuso la obligatoriedad del certificado de control de la producción se promulgó en 2019, pero esa obligatoriedad no se activó en ese mismo momento. Las autoridades españolas dieron un margen a los fabricantes de hormigón para que se adaptaran. La moratoria venció el pasado 1 de abril, pero han pasado más de siete meses desde entonces, y no se están realizando inspecciones suficientes para hacer cumplir esa normativa y perseguir a los que siguen funcionando al margen de ella.

«Las administraciones autonómicas son las que tienen las competencias de inspección y sancionadoras en esta materia», explica a ABC el portavoz y abogado de la patronal española del hormigón, Carlos Parra. «Pero, hasta la fecha, solo la Comunidad de Madrid ha iniciado expedientes sancionadores contra centrales de hormigón por no tener el certificado de conformidad del control de la producción». En las demás autonomías, las inspecciones o están todavía en fase incipiente o ni siquiera han empezado. Donde los incumplimientos son más flagrantes es en Castilla y León, Extremadura y Castilla-La Mancha, según datos de Anefhop.

Más de 1.500 empresas de las que dependen 12.000 puestos de trabajo

En España funcionan actualmente 1.550 plantas de fabricación de hormigón. De ellas, 1.180 disponen del preceptivo certificado de control de la producción, lo que supone que hay 370 que no cumplen este requisito legal. El sector del hormigón genera en nuestro país 12.000 empleos en números redondos, según la patronal Anefhop: 5.000 trabajadores en las plantas de fabricación, 5.000 transportistas y unos 2.000 profesionales de mantenimiento, laboratorio, comerciales, servicios administrativos y auxiliares.

Incumplir ese real decreto de 2019 conlleva sanciones cuantiosas que pueden suponer incluso el cierre de la planta de producción de hormigón. Las multas van de los 60.000 a los 6 millones de euros.

Anefhop urge al resto de autonomías a seguir los pasos que está dando la Dirección General de Promoción Económica e Industrial de la Comunidad de Madrid. Hasta el momento, se ha saldado con la apertura de 16 expedientes sancionadores contra otros tantos fabricantes de hormigón.

Carecer del certificado de control de la producción es una falta muy gruesa, porque entra, de lleno, en los incumplimientos en materia de seguridad y calidad industrial. Pero no es la única que suele concurrir entre los fabricantes de hormigón que están al margen de la ley. Según la patronal del sector, otros incumplimientos habituales son la falta de medidas de protección ambiental y de prevención de riesgos laborales; infracciones en materia de transporte; ventas sin IVA, en dinero negro; falta de licencias municipales y autorizaciones administrativas para la instalación de la planta y el desarrollo de su actividad; o instalaciones ubicadas en suelos que no están calificados urbanísticamente para usos industriales.

Consecuencias

Verificar que un fabricante de hormigón cuenta con el certificado que acredita su producción es esencial. Afecta a algo tan básico como, por ejemplo, garantizar que ese hormigón está elaborado con las dosificaciones correctas de los ingredientes que lo componen: cemento, áridos, aditivos y agua.

«Los incumplimientos de la normativa hacen mucho daño a la competencia y a la línea de flotación de la calidad de un producto que, conviene recordarlo, integra toda edificación e infraestructura», subraya el portavoz de Anefhop. «Un hormigón que no tenga la calidad exigida puede constituir un grave problema, porque está en la estructura de cualquier edificio, desde los cimentos a los forjados, así como en la base de cualquier infraestructura pública», explica Carlos Parra.

Este portavoz de la patronal española del hormigón llama también a la responsabilidad de promotores, constructores y directores de obra, porque tienen obligaciones a la hora de vigilar que el material que utilizan cumple con las exigencias que marca la normativa. «Pero, a menudo, nos encontramos con que ni ellos ni algunas administraciones públicas actúan cuando les advertimos de casos sospechosos de proveedores pirata», lamenta Parra.

Ejemplos de innovación que tienen premio

Para fomentar y reconocer el esfuerzo de las fábricas españolas de hormigón en la mejora e innovación de su actividad productiva, la patronal del sector ha instituido unos premios nacionales que ha concedido por primera vez este año. Uno de los galardones está específicamente dedicado a distinguir iniciativas en el campo de la sostenibilidad. En esta primera edición, la premiada ha sido la mallorquina Hormort Baleares, que afrontó un plan integral de renovación de maquinaria, tecnología, materias primas y flota de camiones. Otra de las premiadas, en este caso en la categoría de innovación, ha sido la empresa vizcaína Áridos y Canteras del Norte (Arcanor), por el desarrollo de un hormigón ligero estructural de alta resistencia, baja densidad, consistencia líquida, bombeable y de elevada impermeabilidad.